Nunca se había visto tanta concentración de terroristas como la que presentan las listas de EHBildu. Son 44 etarras, siete de ellos asesinos, muchos etarras para colorear las listas sin que se muestre arrepentido ninguno de ellos. Yerran, sin embargo, quienes tratan de escarbar culpas en el comportamiento de Bildu, haciendo analogías con el frustrado intento falangista de presentar en su lista de Bilbao a uno de los asesinos de Atocha. El problema no está en Bildu, sino en el PSOE. El error es incomparable cuantitativamente, pero también en el plano cualitativo, salvo que cualquier partido gobernante pactara con Falange Española con su bicho incluido.
Cuenta Javier Zarzalejos en su libro ‘No hay ala oeste en la Moncloa’ que durante la negociación de la Ley de Partidos que mantuvieron Alfredo Pérez Rubalcaba y él mismo, fue una petición de Rubalcaba la que determinó (artículo 9.3.c.) como causa de ilegalidad de un partido “la inclusión en sus listas electorales de personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios”. Se quería ilegalizar HB para impedir que el PNV pactara con ellos. Estaba aún reciente el infame acuerdo suscrito por el PNV, EA y ETA en agosto de 1998 en el que reclamaba la ruptura con el PP y el PSOE, por ser partidarios de “la construcción de España y la destrucción de Euskal Herria”.
Toda precaución era poca, pero quién nos iba a decir que el PSOE resultaría más mañoso para pactar con sus propios asesinos (Fernando Múgica, Tomás y Valiente, Fernando Buesa, Juan Mª Jáuregui, Ernest Lluch, Joseba Pagaza y otros tantos). En las propias filas sanchistas ha cundido el desasosiego por el efecto electoral de las indeseables compañías de Sánchez. Da la impresión, sin embargo, de que el PSOE ha emprendido un camino sin retorno y que en casi todas las apuestas políticas que ha emprendido es rehén de sus socios. De Irene Montero en todo, desde la ley Sisí, con gran contento de los violadores beneficiados por la irreflexión de esta párvula jurista, 1078 y subiendo, a pesar de la ralentización con que el CGPJ lleva la cuenta.
Vox ha registrado una petición en el Congreso para instar al Gobierno a que declare ilegal a EH Bildu, siguiendo el camino que marca la Ley de Partidos en su artículo 11.1. Lo que pasa es que ni este Congreso está dispuesto a instar semejante cosa, ni el Gobierno estaría dispuesto a declarar ilegal al artefacto. El Gobierno considera que Bildu es mucho más democrático y deseable como socio que Vox o el PP. El que fue director (purgado) de El País, Antonio Caño, consideraba en ‘The Objective’ que la Fiscalía debería actuar para ilegalizar a Bildu. ¿La Fiscalía de quien depende? Como preguntó Sánchez en una entrevista. “Pues ya está”. Mientras, el diputado de Podemos por Vizcaya, Roberto Uriarte, demostraba más decencia que todo el sanchismo en su conjunto al pedir a Bildu que retirase de sus listas a los terroristas condenados; ya le obligaron a dimitir en 2015 y arrastró con él a la mitad de la dirección.
El PNV lleva en el morral de los pecados su propia penitencia: las encuestas auguraban un empate entre los dos partidos nacionalistas y el par Urkullu-Ortuzar empieza a temer por la abstención. Se lo han trabajado mucho y sarna con gusto con pica. Supongo.